El oficial de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, ha negado las acusaciones de haber gaseado a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, durante una manifestación en favor de los jubilados. Rivaldi sostiene que actuó bajo órdenes de la superioridad y que la responsabilidad recae en la madre de la niña, solicitando su sobreseimiento en el caso.
En su declaración, Rivaldi se describió como imputado injustamente y presentó un extenso escrito al juez federal Sebastián Ramos y al fiscal Eduardo Taiano, defendiendo su actuación durante el evento que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2024, en las cercanías del Congreso.
Detalles del incidente y defensa del oficial
Rivaldi declaró que la manifestación no era pacífica y que, debido a la violencia que había observado, recibió órdenes por radio para dispersar a los manifestantes. Según su versión, las instrucciones incluían directrices claras sobre cómo proceder en situaciones de disturbio.
Atento a tanta violencia que se venía produciendo de forma constante, fue que se impartieron órdenes para avanzar y dispersar a los revoltosos, explicó el policía en su defensa, asegurando que actuó de acuerdo con los protocolos establecidos.
- Rivaldi enfatiza que siguió las órdenes de la superioridad en todo momento.
- El oficial afirma que no pudo haber visto a la menor en el lugar del incidente.
- Solicita pruebas que demuestren su inocencia y cuestiona la responsabilidad de los padres.
En su escrito, Rivaldi insistió en que nunca había visto a una menor durante los disturbios y que, de haberlo hecho, habría tomado medidas inmediatas para protegerla. Jamás imaginé que una menor estaría solapada en esos grupos violentos, declaró, manifestando su sorpresa ante la acusación.
Responsabilidad parental y demanda de justicia
El oficial también argumentó sobre la responsabilidad parental, señalando que es deber de los padres proteger a sus hijos de situaciones peligrosas. En este sentido, Rivaldi argumenta que la madre de la niña debería ser considerada en la evaluación del caso, ya que no cumplió con su obligación de cuidar a Fabrizia durante la manifestación.
Es a la madre a quien le incumbe sus deberes de protección y cuidado, advirtió, añadiendo que esto violó el principio del interés superior del niño.
Finalmente, el policía solicitó su sobreseimiento y la realización de pruebas adicionales, incluidas declaraciones testimoniales y pericias de las imágenes del evento, para respaldar su versión de los hechos.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la actuación policial durante manifestaciones y la responsabilidad de los padres en situaciones de riesgo para los menores. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de este incidente, que podría tener repercusiones significativas en la política y la sociedad.
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